AlDiaVzla: Del campo de fútbol a la tarima política: ¿Cómo reacciona en España ante el racismo?
La lucha contra el racismo se ha convertido en una de las banderas morales predilectas del gobierno de España, que en cada declaración pública de sus voceros menciona la defensa de la tolerancia. Sin embargo, un análisis de los últimos acontecimientos revela el doble rasero, mientras el aparato estatal persigue con contundencia el odio en los estadios de fútbol, guarda un silencio cómplice en discursos vejatorios de tinte racista cuando el objetivo es un gobierno que no se alinea con sus políticas.
En el llamado «caso Vinicius«, el Estado español ha desplegado una maquinaria judicial y policial sin precedentes. Las hemerotecas demuestran que las autoridades actuaron con diligencia. Primero fue la identificación de un aficionado que arrojó una cáscara de plátano durante un partido de Copa del Rey en Albacete, un gesto clasificado por la propia policía como «una clara muestra de racismo».
La Comisión Estatal contra la Violencia, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso para ese individuo una multa de 5.000 euros y la prohibición de entrada a recintos deportivos durante 12 meses.
Pero ahí no terminó todo. La Liga, actuando como acusación particular, llevó los casos ante los tribunales con un celo digno de mejor causa. En Valladolid, cinco aficionados fueron declarados culpables de un delito de odio —la primera vez que se aplicaba este tipo penal en un estadio español— y condenados a un año de prisión. Aunque las penas quedaron suspendidas, el mensaje del poder judicial fue claro: tolerancia cero con el racismo en el deporte. Javier Tebas, presidente de La Liga, lo resumió así: «No basta con poner un parche de ‘no al racismo’, hay que hacer más».
Lo ocurrido en los estadios no fue un despertar ético espontáneo, sino una reacción ante una crisis reputacional global. Los insultos racistas contra Vinicius Jr. obligaron a las instituciones a abandonar la pasividad.
Racismo bajo el disfraz de «emoción»
El foco se ha desplazado ahora a la política. Durante una reciente concentración de la extremista opositora venezolana María Corina Machado en la Puerta del Sol, el cantante Carlos Baute se unió a la consigna «fuera la mona», en una clara acción de racismo contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Tras el estallido de críticas, Baute emitió un comunicado asegurando que «no es racista» y que se dejó llevar «por la emoción y la frustración de años de represión». Por su parte, Machado ha intentado marcar distancias afirmando que no apoya expresiones que descalifiquen por raza o religión. Sin embargo, para los analistas críticos, el hecho de que estas consignas fluyan libremente en sus actos revela un sustrato de odio que la dirigencia opositora no ha logrado (o no ha querido) extirpar.
El término «mona» o «mono» es un clásico del racismo colonial más rancio, usado históricamente en el Estado español y en toda Europa para deshumanizar y animalizar a los pueblos afrodescendientes y latinoamericanos.
¿Dónde están aquí las multas ejemplarizantes? ¿Dónde están las condenas por delito de odio y la prohibición de acceso a recintos públicos? El silencio del gobierno puede resultar ensordecedor. Y no hablamos de hinchas anónimos con copas de más en la grada, sino de figuras públicas con altavoz mediático que utilizan el insulto racial como ariete político contra un gobierno soberano.
Entre la denuncia y el silencio cómplice
Agrupaciones como Más Madrid y Podemos exigieron el pronunciamiento de las autoridades locales para condenar el racismo explícito, mientras que el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, fue criticado por una respuesta considerada tibia.
El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Fernández Rubiño, ha dicho que le parece «bastante grave» la reacción de Feijóo, ya que considera que ha perdido una «oportunidad excelente» para condenar los cánticos contra Rodríguez.
«En lugar de eso, ha hecho una de esas frases trabalenguas imposibles a las que nos tiene acostumbrados y que demuestra una vez más su tibieza y su falta de principios en cuanto a cuestiones elementales», añadió preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa de los partidos de la nueva coalición Sumar.
Por su parte, el portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, calificó los gritos de «mona» contra la mandataria encargada de la nación bolivariana como un «intolerable acto de racismo y clasismo» que, a su juicio, está avalado por el PP. «Feijóo va a estulticia y estupidez al día», declaró.
Además, figuras como Juan Carlos Monedero calificaron el acto como una manifestación de racismo estructural y exigieron que la ley caiga sobre los organizadores por permitir discursos de odio en un espacio público.
Entretanto, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de Sumar, condenó explícitamente los «insultos racistas» y reprochó a la oposición lo que consideró una condena tibia o ambigua ante los hechos ocurridos en la Puerta del Sol, pero aún no se han tomado acciones legales al respecto. Desde el ala morada del gobierno, sin embargo, el tono fue notablemente más tibio.
Exigen coherencia
Desde diversas formaciones de izquierda en España han exigido que se aplique la misma contundencia que en el deporte. «Es inadmisible que en el corazón de Madrid se jaleen insultos racistas que deshumanizan a una mujer por su origen y posición política. El racismo no es ‘emoción’, es un delito de odio que la derecha instrumentaliza cuando le conviene», refieren colectivos antirracistas y sectores de la izquierda parlamentaria.
Desde la Embajada de Venezuela en Madrid se ha calificado el acto como un «discurso de odio» que busca despojar de humanidad al adversario político mediante epítetos coloniales.
Un problema sistémico: Más allá de un caso aislado
El racismo en España no es un fenómeno exclusivo de la política venezolana o del fútbol. Otros casos recientes confirman una tendencia preocupante:
España-Egipto (abril 2026): El Ministerio de Deportes tuvo que condenar recientemente cánticos xenófobos de la afición española durante un encuentro amistoso, demostrando que la «tolerancia cero» aún no cala en todos los sectores.
Acoso a futbolistas en ligas regionales: Mientras Vinicius tiene focos, decenas de jugadores racializados en categorías inferiores sufren agresiones constantes sin protección policial ni repercusión mediática.
El discurso de la «ultraizquierda de cristal»: Sectores de la extrema derecha española han salido en defensa de Baute, calificando las críticas de «reaccionarias» y negando el componente racista de la expresión «mona», lo que evidencia una batalla cultural por redefinir (y minimizar) el concepto de odio.
¿Justicia o maquillaje?
La «limpieza» de los estadios es un paso necesario, pero insuficiente si se permite que el debate político se contamine con descalificaciones racistas bajo el silencio cómplice de las instituciones. El caso de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la participación de figuras públicas en consignas degradantes demuestra que el racismo en España sigue siendo una herramienta de odio de clase y política.
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