AlDiaVzla: Estudio señala que las ONG «están en peligro» en El Salvador
Una investigación con la experiencia de 71 organizaciones no gubernamentales (ONG) señala que estos grupos “están en peligro” en El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele.
El reporte difundido este martes afirma que las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas enfrentan «uno de los escenarios más adversos» desde el final de la guerra civil (1980-19.92).
La investigación fue respaldada por las organizacionessq Socorro Jurídico Humanitario (SJH); Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR); Movimiento de Trabajadores Despedidos; COPPES; Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA); TRACODA; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE); CECADE, Servicio Social Pasionista (SSP) y Cristosal.
El documento da cuenta de “patrones de vulneración de derechos”, así como el cierre de espacios de diálogo con el Gobierno del presidente Nayib Bukele , acoso policial y censura.
#Comunicado | Por décadas, las organizaciones de la sociedad civil han contribuido al desarrollo social a través de propuestas de ley, garantía de servicios, la defensa del medio ambiente, empoderamiento de la mujer, organización comunitaria, defensa de víctimas y rescate de la… pic.twitter.com/6UXh9H4rij
— Cristosal (@Cristosal) November 28, 2023
Abuso de poder
«Estamos ahora bajo la administración de un Gobierno profundamente antidemocrático, violador de los derechos humanos, que abusa del poder militar, del poder policial, que ha cooptado el sistema judicial», declaró a EFE David Morales, de Cristosal.
Agrega que, a su juicio, «este tipo de gobiernos trata de vender una imagen que sea popular», por lo que «les incomoda que se hable de sus abusos de poder, de sus transgresiones a la Constitución, a las violaciones a derechos humanos«.
De acuerdo con el estudio, «las organizaciones están en peligro» y «hay patrones muy graves, como el acoso policial»
«Un ejemplo es el registro arbitrario y abuso de autoridad en sedes de organizaciones y en las casas de representantes de estas, amenazando incluso con aplicar el régimen de excepción «, según la organización Cristosal.
«Otros patrones son la eliminación de espacios de participación ciudadana en la administración pública, la negativa de acceso a la información y el retraso o impedimento en la legalización de sus entidades», puntualizó el informe.
La investigación también da cuenta de que «las organizaciones anticipan un escenario caracterizado por condiciones cada vez más hostiles y complicadas», así como «la preocupación sobre el cierre de sus organizaciones.
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