AlDiaVzla: EE.UU: En grave riesgo de salud prisioneros de Arizona
El Departamento de Correccionales del estado de Arizona, en Estados Unidos (EE.UU.), es señalado por otorgar contratos de atención médica a la compañía NaphCare, acusada en 2021 de inflar facturas y reclamos por los servicios de salud que ha prestado en otras prisiones.
Un comunicado del Departamento Correccional dijo que NaphCare, proveedor de atención médica con sede en Alabama fundada en 1989, “brindará servicios médicos y de enfermería, así como atención psiquiátrica y de salud mental, a los reclusos bajo custodia estatal en 10 complejos penitenciarios del estado de Arizona”.
Sin embargo, un artículo del portal web azcentral, advierte que NaphCare llegó a un acuerdo por 700.000 dólares con el Departamento de Justicia norteamericano por las acusaciones de cobrar reclamos inflados a los clientes en 2021.
El acuerdo de la empresa se logró tras comprobar que violó la Ley de Reclamaciones Falsas. “NaphCare presentó reclamos inflados por servicios de evaluación y gestión proporcionados por varios médicos en las instalaciones de BOP en Terre Haute, Indiana, entre enero de 2014 y junio de 2020”, reseña un comunicado del Departamento de Justicia.
El escrito especifica que “ciertos médicos no indicaron el tipo de servicio realizado en las hojas de visitas in situ”, a pesar de ello, la empresa cobró al gobierno estadounidense por servicios que no proporcionó a los reclusos.
Conflicto de intereses
La investigación revela que el subdirector de la Oficina de Supervisión de Servicios Médicos del Departamento Correccional de Arizona, Larry Gann, participó en el proceso de adquisición.
Sin embargo, Gann testificó en un tribunal federal en noviembre de 2021 que trabajó para NaphCare durante nueve años hasta 2015, tiempo en el que logró convertirse en vicepresidente de operaciones de la compañía.
“Fui responsable de todos los contratos de sus clientes en las cárceles de los Estados Unidos. Esta empresa en particular buscó específicamente megacárceles. Ese era su fuerte”, aseguró Gann.
Atención médica inconstitucional en las prisiones de Arizona
Las compañías contratadas para brindar atención médica a los prisioneros de Arizona han dejado precedentes de entregar servicios deficientes, lo que generó una demanda colectiva entre los reclusos y el estado conocido como el caso Jensen vs Shinn.
Las autoridades locales impusieron una multa de 2.5 millones de dólares contra el Departamento de Correccionales, por no brindar niveles constitucionales de atención médica en las prisiones.
Además, se suman varias denuncias en los tribunales estatales contra las empresas Corizon y Centurion, también prestadoras de servicios médicos que ganaron contratos en las prisiones de Arizona, por intentar evadir indebidamente los protocolos establecidos por el acuerdo de conciliación.
Corizon tiene un historial de negar atención especializada a pacientes encarcelados para ahorrar dinero, según el doctor Jan Watson, quien trabajó para la compañía en 2015. Incluso, un enfermero aseguró que los administradores de la empresa le ordenaron falsificar documentos para engañar a la oficina de supervisión estatal y evitar posibles multas.
Asimismo, una enfermera que trabajó para Centurion denunció que la empresa le ordenó presentar un informe falso, en un intento de ahorrar 100.000 dólares en sanciones judiciales.
Presos sufren muertes prevenibles
Corene Kendrick, abogada que representa a los presos en la demanda Jensen vs Shinn, expresó su preocupación por la contratación de una cuarta corporación con fines de lucro para administrar la atención médica en las prisiones desde que se privatizó el sistema.
“En noviembre y diciembre de 2021, proporcionamos evidencia incontrovertible de que las personas encarceladas continúan sufriendo lesiones graves y muertes prevenibles debido a las fallas del Departamento de Correccionales y sus proveedores”, denunció la letrada.
A su vez, recordó que los funcionarios estatales todavía están legalmente obligados a “brindar atención médica mínimamente adecuada a las personas en sus prisiones”.
Kendrick dijo que el historial de NaphCare genera preocupaciones de que “una vez más, los contribuyentes de Arizona pagarán precios inflados por servicios deficientes y las personas encarceladas pagarán con su salud o sus vidas”.
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